1. Hechos relevantes
Chile reabre sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz
El 15 de octubre el canciller Francisco Pérez Mackenna anunció la reapertura de los consulados chilenos en Venezuela, cerrados desde 2024. La primera etapa comenzó el 19 de octubre con la entrega de pasaportes y la habilitación del sistema de agendamiento; desde el 26 de octubre se sumaron cédulas de identidad, actos notariales (autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas y declaraciones juradas) e inscripciones consulares de nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles. El comunicado no fijó fecha para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas ni la fecha de apertura del consulado venezolano en Chile.
Comentario: La reapertura de los dos consulados chilenos en Venezuela permitirá atender a los cerca de 25.000 chilenos residentes en ese país, y abre la posibilidad de validar la autenticidad de la documentación necesaria para solicitar permisos de residencia en Chile. Los consulados chilenos en el extranjero cumplen la función de ser ministros de fe de documentos emitidos por el Estado venezolano, y que ciudadanos de ese país deban presentar ya sea para ingresar como turistas o busquen radicarse en Chile. Este avance en la normalización de las relaciones consulares con Venezuela no resuelve la pieza clave para la población venezolana residente en Chile, particularmente para los menores de edad. Si bien para diversos trámites consulares que requiere la población venezolana en Chile, tienen habilitada una plataforma en línea, hay otros que se realizan presencialmente en las oficinas consulares. Es el caso de la apostilla de certificados de nacimiento para menores de edad y la entrega de pasaportes. Al mismo tiempo, la apertura del consulado venezolano en Santiago es necesaria para que la autoridad chilena pueda ejecutar expulsiones a ciudadanos de ese país que se encuentren en alguna de las causales. El consulado realiza dos trámites sin los cuales no es posible materializar este tipo de procedimientos: por una parte verifica la identidad de las personas sometidas a una deportación, y por otra, emite los salvoconductos para que puedan viajar de regreso a Venezuela. El efecto del avance en las relaciones consulares por ahora tiene efectos para la comunidad chilena en Venezuela y para los ciudadanos de ese país que pretendan venir a Chile. Aún queda pendiente el efecto para los cerca de 700.000 ciudadanos venezolanos que residen en Chile.
2. Decisiones y medidas relevantes
Migraciones anuncia “plan de abandono voluntario”
El director del Servicio Nacional de Migraciones anunció nuevamente la implementación de un Plan de Abandono Voluntario que permitiría salir del país sin multas ni prohibición de reingreso; para que las personas en situación irregular que opten por sumarse al Plan puedan reingresar a Chile solicitando una visa. Este plan que había sido anunciado anteriormente en la Cuenta Pública del Servicio Nacional de Migraciones como una medida administrativa para el “ordenamiento migratorio” hoy se anuncia como un proyecto de ley que el gobierno ingresaría en las próximas semanas, y que por tanto deberá ser aprobado por el Congreso antes de poder implementarse.
Comentario: El cambio de la vía administrativa a la legislativa no es un detalle de forma: la Ley 21.325 deja poco margen para hacerlo por resolución. En materia de multas, que afectan a quienes permanecen con su permiso vencido, el artículo 30 permite al Servicio autorizar excepcionalmente la salida sin pagarlas, pero a cambio de una prohibición de ingreso de hasta un año (18 meses en multas superiores a 5 UTM), que se alza si la multa se paga en un consulado. La ley no contempla condonarlas como se ha anunciado. El obstáculo principal está en el reingreso: el artículo 32 N°3 prohíbe en forma imperativa la entrada de quienes ingresaron por paso no habilitado en los últimos cinco años, por lo que la autoridad no tiene discrecionalidad para otorgarles una visa. Para quienes ya tienen orden de expulsión, el plazo mínimo de prohibición lo fija la ley (artículo 136), y la reforma despachada por el Congreso el 20 de octubre lo eleva de tres a cinco años.
La única vía administrativa con base legal para resolver la situación irregular de las personas que se encuentran en el país en esa condición, es a través de la implementación de un mecanismo de regularización extraordinaria basado en el artículo 155 N°8 de la ley. Este entrega al Subsecretario del Interior la facultad de regularizar a las personas, pero se requiere que las personas se encuentren dentro de Chile, la opción de la salida y el reingreso que busca el gobierno no es posible, por el imperativo legal de la prohibición de ingreso. En tal sentido la versión anunciada en junio pasado carecía de sustento legal suficiente, y tramitarla como proyecto de ley es lo correcto. Queda sin embargo una interrogante por resolver: el mismo gobierno que propone eliminar la prohibición de reingreso para quienes salgan voluntariamente acaba de endurecerla en la ley de expulsión administrativa, aumentando el mínimo de 3 a 5 años.
3. Agenda legislativa
El Congreso despacha a ley el proyecto de expulsión administrativa
La Cámara de Diputados ratificó el informe de la Comisión Mixta el 19 de octubre (128 votos a favor y 11 en contra) y el Senado lo despachó el 20 de octubre (37 votos a favor y 1 abstención). La nueva ley, comentada en el boletín de septiembre, eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso; permite a la PDI solicitar al juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio con el único fin de detener a una persona con orden de expulsión firme y ejecutoriada; habilita la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que enfrentan ciertos procesos penales, con autorización del tribunal y previa consulta al Ministerio Público; reduce de diez a cinco días el plazo para reclamar judicialmente, y la reclamación deja de suspender la ejecución de la medida; y establece que las órdenes de expulsión se mantienen vigentes hasta su ejecución.
Comentario: Dos cambios incorporados en la versión final merecen especial atención porque no estaban en el centro del debate público. El primero es que la reclamación judicial deje de tener efecto suspensivo: combinado con un plazo de cinco días, una persona puede ser expulsada antes de que un tribunal revise su caso, lo que debilita el derecho a un recurso efectivo. El segundo es el plazo de caducidad de la orden de expulsión. En la práctica una expulsión es un acto administrativo que dicta la expulsión y al mismo tiempo el plazo de prohibición de ingreso. Si se establece que esta caduca o deja de estar vigente cuando se ejecuta la expulsión, ya no lo estaría mientras se cumple el plazo de prohibición de ingreso, el que comienza a contarse justamente desde que la expulsión se ejecuta.
Reforma de retención migratoria: el gobierno insiste en el Senado y el quórum llega al Tribunal Constitucional
El 6 de octubre el Presidente Kast informó mediante oficio que ejercería la facultad del artículo 68 de la Constitución para insistir en el Senado con la reforma rechazada por un voto en la Cámara. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, fijó en 29 votos (cuatro séptimos de los senadores en ejercicio) el quórum para aprobar la insistencia, en lugar de los dos tercios que el artículo 68 exige como regla general. La oposición cuestionó ante el Tribunal Constitucional esa interpretación, que a su juicio rebaja el quórum de 33 a 29 votos; el senador Andrés Longton (RN) defendió el criterio invocando un fallo del mismo tribunal de 2006. El 21 de octubre el ministro de Seguridad estimó que la insistencia estaría en tabla la semana siguiente. Si el Senado la aprueba, la reforma vuelve a la Cámara para seguir su tramitación.
Comentario: La discusión se desplazó del fondo al procedimiento, pero el fondo sigue sin resolverse: hasta 180 días de privación de libertad por una infracción administrativa es difícil de conciliar con el estándar interamericano de detención migratoria excepcional y lo más breve posible. Al mismo tiempo, tal como se indica en Panorama de septiembre, no existen argumentos logísticos o de procedimiento que puedan justificar que una expulsión requiere de más de una semana para ser materializada. Rebajar el quórum por interpretación de la mesa, para una reforma que restringe la libertad personal, expone al proyecto a un vicio de forma que podría invalidarlo, aunque se apruebe. A ello se suma que la reforma habilitaría una ley posterior sobre recintos de retención, de la que todavía no se conoce el diseño ni el costo. El proyecto podría tener consecuencias que no se han medido adecuadamente en el debate público.
Agenda legislativa: estado de los proyectos al 31 de octubre
Al cierre de octubre, el proyecto de expulsión administrativa estaba despachado a ley y a la espera de promulgación, y la reforma de retención, pendiente de votación en el Senado por la vía de la insistencia.
| Iniciativa | Estado al 31 de octubre | Hito del mes |
|---|---|---|
| Boletín N° 16.836-06 Perfeccionamiento de la expulsión administrativa (modifica la Ley 21.325). | Despachado a ley Pendiente de promulgación y publicación. | 19 de octubre: Cámara ratifica (128–11). 20 de octubre: Senado despacha (37–0–1). |
| Reforma constitucional Retención migratoria de 5 a 60 días, renovable hasta 180. | Insistencia en el Senado Quórum fijado en 29 votos, cuestionado ante el Tribunal Constitucional. | 6 de octubre: el Presidente invoca el artículo 68. |
| Presupuesto 2027 Partida del Servicio Nacional de Migraciones. | En tramitación En el Senado, tras el rechazo de la Cámara a la partida completa de Interior. | Recursos para expulsiones de $4.000 a $11.604 millones. |
4. Qué mirar
- Promulgación y publicación de la ley de expulsión administrativa, y eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el ingreso a domicilios, la eliminación del efecto suspensivo de la reclamación y la vigencia indefinida de las órdenes.
- Votación en el Senado de la insistencia en la reforma de retención y pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el quórum.
- Apertura del Consulado General de Venezuela en Chile y eventual acuerdo para reanudar expulsiones a Venezuela.
- Texto del Plan de Abandono Voluntario, del decreto sobre ingreso de menores con terceros y del proyecto de verificación migratoria en contratos.
- Resultado de los procedimientos de revocación de residencia contra los extranjeros detenidos el 18 de octubre.
- Votación en el Senado de la partida del Servicio Nacional de Migraciones, luego de que la Cámara rechazara la partida completa de Interior.
5. Opiniones destacadas
"¿Un 'ICE a la chilena'? Experto explica qué cambia con el proyecto sobre expulsiones de migrantes irregulares" — Édgar Fuentes-Contreras, Portal Innova (24 de octubre)
Édgar Fuentes-Contreras, abogado y experto en derecho internacional de la Universidad de los Andes, analiza la ley de expulsión administrativa despachada por el Congreso el 20 de octubre. Sostiene que, aunque comparte con el modelo estadounidense el objetivo de hacer más efectivas las expulsiones, la ley chilena no replica el ICE: mantiene un mayor control judicial y no crea una policía migratoria autónoma, por lo que resulta un sistema más judicializado y con menos márgenes de autonomía.
"Inmigración: una política de Estado pendiente" — Fredy Cancino, BioBioChile (19 de octubre)
Fredy Cancino, profesor de Historia y licenciado en Derecho, plantea que Chile necesita una estrategia migratoria de largo plazo y no medidas reactivas, dado que más de 1,6 millones de personas nacidas en el extranjero representan el 8,8% de la población. Propone tres condiciones para esa política de Estado: integración en todos los sectores (educación, salud y trabajo), consenso entre los partidos democráticos y la sociedad civil, y continuidad entre gobiernos, junto con fronteras reguladas y respeto al Estado de derecho.
Panorama, el boletín de política migratoria de Puente, se actualiza mensualmente. Publica el consolidado de las principales definiciones y cambios de la política migratoria, que pueden afectar a las instituciones públicas y privadas. Estar al día de lo que pasa en política migratoria nos da perspectiva.