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Boletín de política migratoria · Septiembre 2026

Panorama

Hechos · Medidas · Efectos

1. Hechos relevantes

Ciudadanos venezolanos impedidos de salir del país y salvoconducto de emergencia (14–17 de septiembre)

Desde la noche del 14 de septiembre la Policía de Investigaciones comenzó a exigir pasaporte vigente para viajar a Venezuela, y hubo personas con pasaje comprado que no pudieron embarcar. Ello ocurrió porque se dejó sin efecto la Circular N°10, vigente desde agosto de 2024 para atender las dificultades generadas por el cierre del consulado venezolano en Santiago. Entre ellas se encontraba la imposibilidad de renovar pasaportes; por ello, tal como había ocurrido en años anteriores, se autorizó la salida, no el ingreso, de ciudadanos de ese país con documentos no vigentes. Frente a los problemas generados en el aeropuerto de Santiago y los reclamos de ciudadanos venezolanos impedidos de salir de Chile, el 17 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N°559 de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que habilita la salida de personas con un salvoconducto o “documento de viaje especial” emitido por el Estado venezolano.

Comentario: Sigue pendiente la apertura del consulado venezolano en Santiago. Si bien el 7 de septiembre se publicó en la Gaceta Oficial N° 43.453 de ese país la resolución que establece el Consulado General en Chile, no se informó la fecha definitiva de apertura. Existe una tensión respecto de su ubicación: cuando funcionaba en un sector residencial de la comuna de Providencia, se generaron dificultades y reclamos de los vecinos. En este sentido, se ha señalado que probablemente las oficinas de dicha representación se instalen en la misma comuna, en un recinto de la Iglesia donde hoy funciona el Instituto Católico de las Migraciones (INCAMI). Mientras el consulado no esté operativo, la población venezolana residente en Chile seguirá enfrentando la imposibilidad de acceder a documentos requeridos para la tramitación migratoria, como los certificados de nacimiento apostillados, o documentos de viaje que les permitan salir de Chile y entrar a terceros países. El cierre consular lleva más de dos años, por lo que la apertura de la oficina va a generar una importante demanda por parte de personas impedidas durante este tiempo de realizar trámites y renovar su documentación. En este sentido, la apertura del consulado traerá aparejado un desafío de gestión significativo.

2. Medidas y decisiones

Nueva metodología para contabilizar expulsiones

El gobierno informó del noveno vuelo de expulsiones en lo que va de 2026. Esta vez, un avión de la FACH trasladó a 40 personas a Perú y Colombia. En ese marco, se informó que el total de expulsiones a septiembre llegó a 1.764. Las autoridades destacaron que esta cifra se sitúa por encima de cualquiera de los cuatro años anteriores.

Comentario: Para comparar datos de gestión de años distintos se deben usar las mismas fuentes y la misma metodología. Esto es un principio básico de análisis y de transparencia. Las cifras de expulsiones que viene informando el gobierno desde que asumió incluyen a las personas que teniendo una orden de expulsión vigente, deciden abandonar el país por sus propios medios. Frente a esto surge la pregunta: ¿puede contarse una salida voluntaria como una expulsión materializada? Efectivamente, es algo que se puede fundamentar metodológicamente, tal como lo ha hecho el propio subsecretario del Interior al señalar que se trata de expulsiones “automaterializadas”. Sin embargo, si se decide contabilizar las salidas voluntarias de personas con orden de expulsión como expulsiones materializadas, y se quiere realizar una comparación con los años anteriores, es necesario que se incluyan las cifras de salidas voluntarias de expulsados durante esos años. Dado que en el período 2022-2026 no se contabilizaron estas salidas como expulsiones, no corresponde la comparación. A partir de cifras entregadas por la Policía de Investigaciones, hemos podido acceder a la distinción entre expulsiones materializadas forzosamente de enero a septiembre de 2026 y salidas voluntarias de personas con orden de expulsión. En tal sentido, el total de expulsiones forzosas que ha materializado la PDI entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 es de 1.184, y el de salidas voluntarias, de 588.

Salidas y expulsiones de personas con orden de expulsión

Fuente: PDI – Información entregada por transparencia.
MesSalidas voluntariasExpulsiones forzosas
ENERO17136
FEBRERO2284
MARZO37113
ABRIL51110
MAYO63175
JUNIO101149
JULIO91181
AGOSTO110108
SEPTIEMBRE96128
TOTALES5881.184

3. Seguimiento legislativo

La Cámara rechaza por un voto la reforma constitucional sobre retención migratoria

La reforma obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones; requería 89 (cuatro séptimos), por modificar el artículo 19 N°7 de la Constitución. Con esta propuesta el gobierno busca ampliar el plazo de retención para materializar expulsiones de los actuales 5 días a 60 días, renovable dos veces con control judicial; es decir, se llegaría a un máximo posible de 180 días. Luego del rechazo, el gobierno anunció que insistiría con la reforma en el Senado.

Comentario: El rechazo no fue de fondo sino de quórum, lo que anticipa la insistencia en el Senado, donde se requieren dos tercios. El punto jurídico sigue intacto: hasta 180 días de privación de libertad por una infracción administrativa es difícil de conciliar con el estándar interamericano, que exige que la detención migratoria sea excepcional, necesaria y lo más breve posible. Por otra parte, en 2023 se aprobó una reforma a la Constitución para ampliar el plazo de 2 a 5 días. Los fundamentos presentados en ese entonces por la Policía de Investigaciones y por el Servicio Nacional de Migraciones mostraban que 48 horas era un plazo insuficiente para situaciones como el traslado de expulsados desde regiones a Santiago para los embarques internacionales, o las demoras consulares en la certificación de las identidades y emisión de salvoconductos, que podían tardar entre 3 y 4 días. Esta reciente reforma y su fundamentación sugieren que no existen actualmente antecedentes que permitan justificar técnicamente o por una cuestión de logística la ampliación del plazo hasta 180 días. Más allá de la argumentación teórica que algunas autoridades de gobierno y parlamentarios han presentado, hasta la fecha no se han puesto sobre la mesa argumentos técnicos. En tal sentido, cabe recordar que en junio el propio director del Servicio Nacional de Migraciones señaló que estaban trabajando en una propuesta que buscaba ampliar el plazo de detención de 5 a 10 días, que era, según señaló, el plazo que le había solicitado la PDI. Las dificultades prácticas y de seguridad que puede acarrear tener a cientos o miles de personas retenidas por 180 días para realizar un proceso que, con todos los obstáculos imaginables, puede demorar como máximo una semana, pueden ser mayores que los beneficios que podría acarrear la reforma. Más que mal, más del 95% de las expulsiones se materializan actualmente dentro de los 5 días desde que se detiene a la persona. Al parecer la reforma se sostiene más en el populismo y un voluntarismo abstracto que en una necesidad real de mejora de la eficiencia de las herramientas sancionatorias del Estado.

Comisión Mixta acuerda el proyecto de expulsión administrativa (28 de septiembre)

Por unanimidad, la Comisión Mixta acordó un texto para el Boletín N°16.836, ingresado por el gobierno del presidente Boric en 2024, que autoriza el ingreso policial a domicilios para detener a personas con orden de expulsión y permitir la expulsión inmediata en delitos menores, con resguardos para las investigaciones del Ministerio Público. También amplía las facultades del subsecretario del Interior para expulsar por motivos de orden público y no solo por razones de seguridad, como ocurre hoy. La comisión mixta acordó también incluir una modificación que no se encontraba en la propuesta original para elevar de 3 a 5 años la prohibición mínima de reingreso de personas expulsadas.

Comentario: El control judicial previo al ingreso al domicilio es un resguardo relevante frente a la inviolabilidad del hogar (artículo 19 N°5 de la Constitución). Lo mismo ocurre con la exclusión de la indicación del gobierno que obligaba a los establecimientos educacionales y de salud a entregar información migratoria de sus usuarios extranjeros a los organismos migratorios, que contradecía los estatutos de protección de la información de estas entidades. Dos cuestiones quedan abiertas: el piso de 5 años reduce el margen para graduar la sanción y ponderar el arraigo y la unidad familiar en la dictación de expulsiones administrativas. Por otra parte, la nueva causal de "graves alteraciones al orden público" es un concepto indeterminado que tensiona el principio de tipicidad en materia sancionatoria. Finalmente, es importante resaltar que este proyecto, que el gobierno hizo propio, nació en la administración anterior, lo que constituye una señal de continuidad y no de ruptura en este ámbito de la política migratoria.

Comisión Investigadora sobre Control Migratorio de Niños Haitianos: 3.574 reunificaciones suspendidas

El 2 de septiembre, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó ante la comisión que hay más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de ciudadanos haitianos suspendidas, por falta de confiabilidad documental y por la ausencia de relación consular con Puerto Príncipe desde octubre de 2025. Agregó que entre 2022 y 2025 se otorgaron 16.951 visas de reunificación familiar a haitianos y recordó la Circular N°6 de mayo de 2026, que endureció los requisitos de ingreso de niños no acompañados por sus padres o tutores.

Comentario: La Ley 21.325 reconoce la reunificación familiar como derecho, y una suspensión general sin resolución no es una forma de decidir. Si las solicitudes superan los seis meses sin pronunciamiento, el Servicio queda fuera del plazo máximo del artículo 27 de la Ley 19.880. La salida jurídicamente sostenible es resolver caso a caso (aprobar, rechazar fundadamente o pedir antecedentes), no mantener un stock congelado que afecta a niños. Por otra parte, la incertidumbre documental que se puso en evidencia con la crisis definitiva del consulado chileno en Haití en octubre de 2025 impide contar con un estándar mínimo para tramitar residencias de reunificación familiar. De hecho, hacerlo podría poner en riesgo a los menores de edad cuyas familias busquen reunificarlos en Chile. El problema no es de fácil solución, pero la respuesta debe ser integral: la suspensión instruida en agosto de 2025 por la anterior administración ya lleva más de un año y es insostenible si no se complementa con otras acciones. De otro modo, las familias podrían quedar aún más expuestas a las redes de trata y tráfico de personas que operan actualmente en el país caribeño. Es muy probable, por otra parte, que el volumen de residencias de reunificación solicitadas por familias haitianas sea significativamente superior a las 3.574 informadas por el director de Migraciones: atendiendo a la evolución de los últimos años, lo más probable es que la cifra supere las 10.000 solicitudes detenidas.

Agenda legislativa: estado de los proyectos al 30 de septiembre

Al cierre de septiembre, la iniciativa central de retención estaba rechazada en la Cámara y el proyecto de expulsión administrativa, acordado en Comisión Mixta y a la espera de ratificación de ambas salas.

IniciativaEstado al 30 de septiembreHito del mes
Reforma constitucional
Retención migratoria de 5 a 60 días, renovable hasta 180.
Rechazada
Rechazada en general en la Cámara (cámara de origen).
22 de septiembre: 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, a un voto del quórum de cuatro séptimos.
Boletín N° 16.836-06
Perfeccionamiento de la expulsión administrativa (modifica la Ley 21.325).
Comisión mixta
Informe de Comisión Mixta aprobado por unanimidad.
28 de septiembre: reingreso mínimo de 5 años e ingreso a domicilios con orden judicial.
Presupuesto 2027
Partida del Servicio Nacional de Migraciones.
En tramitación
Ingresado al Congreso.
+$9.592 millones (+37,1%); recursos para expulsiones y salidas voluntarias de $4.003 a $11.604 millones (ver especial de presupuesto, más abajo).

4. Especial: Presupuesto 2027 del Servicio Nacional de Migraciones

Boletín especial · Presupuesto 2027

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 aumenta en 37,1% los recursos del Servicio Nacional de Migraciones, lo que equivale a $9.592 millones adicionales. El 80% de ese crecimiento se concentra en expulsiones y salidas voluntarias, y el 20% restante en gasto en personal. Este especial revisa cinco aspectos de la partida que conviene precisar durante su tramitación en el Congreso.

ÍtemLey 2026Proyecto 2027Variación
Presupuesto total del Servicio$25.848 millones$35.441 millones+$9.592 millones (+37,1%)
Expulsiones y salidas voluntarias (subtítulo 22)$4.003 millones$11.604 millones+$7.601 millones (+190%)
Gasto en personal (subtítulo 21)$16.570 millones$18.631 millones+$2.034 millones (+12,3%)
Horas extraordinarias$23,1 millones$179,1 millones+$156,0 millones (+674%)
Programas informáticos$224,3 millones$230,8 millones+$6,5 millones (+2,9%)
Dotación máxima de personal623623Sin cambio
Expulsiones: casi tres veces más recursos, sin meta de expulsiones ni costo promedio

El ítem de expulsiones y salidas voluntarias del subtítulo 22 (bienes y servicios) aumenta en $7.601 millones y llega a $11.604 millones, lo que explica el 80% del crecimiento del Servicio. La glosa 05 permite financiar con estos recursos "retornos voluntarios y vuelos humanitarios", además de las expulsiones forzosas.

Comentario: El proyecto no informa el costo promedio estimado por expulsión ni cuántas expulsiones espera financiar. Si cada expulsión cuesta en promedio $3,5 millones, el monto para 2027 alcanzaría para unas 3.300 personas. También es necesario precisar qué proporción del gasto se destinará a retornos voluntarios y vuelos humanitarios, y cuánto a expulsiones forzosas. Y si las salidas voluntarias financiadas por el Estado no conllevan una prohibición de reingreso, se estarían usando recursos públicos para viajes que podrían tener fines privados.

Personal: $2.034 millones más, con la misma dotación

El segundo componente del crecimiento corresponde al subtítulo 21 (gasto en personal), que aumenta en $2.034 millones, en torno al 20% del alza total. La dotación máxima del Servicio se mantiene en 623 funcionarios. Según el informe de gestión 2022–2026, el presupuesto 2026 del subtítulo 21 permitió financiar 587 funcionarios. Los incrementos de años anteriores se orientaron a reducir las brechas salariales de los funcionarios del Servicio, que estaban muy por debajo del mercado y de servicios análogos.

Comentario: Es importante esclarecer si el incremento se destinará a completar la dotación o a mejorar las condiciones de los funcionarios. Completar la dotación hasta el máximo legal de 623 supondría incorporar 36 funcionarios: con un gasto promedio de $1,75 millones mensuales por funcionario, el costo sería de unos $756 millones al año, bastante menos que el aumento propuesto. La tramitación debería precisar el destino del resto de los recursos adicionales del subtítulo 21.

Horas extraordinarias: el mayor aumento relativo del Servicio (+674%)

El presupuesto para horas extraordinarias pasa de $23,1 millones en 2026 a $179,1 millones en 2027, casi ocho veces más. Es el mayor aumento relativo de la partida. En años anteriores, este presupuesto se usó en la Dirección de Operaciones, para analistas de visas, y en la Dirección de Gestión de Datos, para informática y soporte.

Comentario: Un aumento de esta magnitud requiere una explicación detallada de las labores que se financiarán con él. Si se destina a la tramitación de solicitudes, debería traducirse en metas de reducción de los tiempos de respuesta; si se orienta a operativos de fiscalización o expulsión, conviene saberlo, porque el Servicio no tiene facultades fiscalizadoras según la Ley 21.325.

Menos transparencia: el proyecto elimina y reduce las glosas de información al Congreso

Los presupuestos 2023, 2024, 2025 y 2026 incluyeron un conjunto de glosas (04 a 010) que obligaban al Servicio a informar mensualmente al Congreso datos relevantes para evaluar su gestión:

  • Número de expulsiones ejecutadas y gasto promedio de cada una.
  • Dificultades registradas para materializar las expulsiones.
  • Denuncias por ingreso irregular, desagregadas por mes, nacionalidad y región.
  • Solicitudes de refugio ingresadas.
  • Visas temporales y definitivas tramitadas, y sus tiempos de tramitación.

El proyecto 2027 elimina las glosas 07 a 010, reduce el contenido de las restantes y cambia su periodicidad de mensual a trimestral.

Comentario: Es una contradicción que se incrementen los recursos para expulsiones y salidas voluntarias y, al mismo tiempo, se reduzcan los controles para evaluar cómo se usan. Sin la glosa sobre el gasto promedio por expulsión, el Congreso pierde precisamente el dato que permitiría juzgar si el aumento de casi tres veces se traduce en resultados. Reponer las glosas eliminadas y su periodicidad mensual es una enmienda sencilla que la discusión parlamentaria puede incorporar.

Tecnología: sin aumento relevante pese al anuncio de inteligencia artificial

El financiamiento para programas informáticos pasa de $224,3 millones en la Ley 2026 a $230,8 millones en el proyecto 2027, un alza de 2,9%. No hay un aumento significativo para tecnología ni para nuevos proyectos informáticos, a pesar de que el director del Servicio anunció públicamente recursos para herramientas de inteligencia artificial que permitirían tramitar las solicitudes de forma más rápida.

Comentario: A la luz de esos anuncios, el director debería aclarar si se financiarán o no proyectos informáticos nuevos y con qué recursos. Si la automatización avanza, debe además preservar la fundamentación individual de cada resolución y cumplir la nueva ley de datos personales (Ley 21.719), cuya entrada en vigencia está prevista para diciembre de 2026.

5. Qué mirar

  • Promulgación y publicación de la ley de expulsión administrativa, y eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el ingreso a domicilios y la causal de orden público.
  • Votación en el Senado de la reforma de retención por la vía del artículo 68 (exige dos tercios).
  • Apertura efectiva del Consulado General de Venezuela en Chile y texto del eventual acuerdo de expulsiones, incluida la contraparte de vuelos humanitarios.
  • Destino de las 3.574 reunificaciones haitianas suspendidas y del informe final de la comisión investigadora.
  • Discusión de la partida del Servicio Nacional de Migraciones en el Presupuesto 2027: costo y número de expulsiones financiadas, destino de los recursos de personal y horas extraordinarias, reposición de las glosas de información al Congreso y financiamiento de proyectos informáticos.
  • Metodología del portal Balance de Gestión Migratoria 2026.

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